SEP pide revisar escuelas “militarizadas” y reitera que esa modalidad no está autorizada

La Secretaría de Educación Pública pidió a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México revisar las autorizaciones de los planteles para detectar posibles servicios que se presenten como “militarizados”, “militares” o “castrenses”.

La dependencia federal reiteró que esas denominaciones o modalidades no están autorizadas para la prestación del servicio educativo. El aviso alcanza también a fórmulas análogas que remitan a instrucción o disciplina de carácter militar.

El punto central de la comunicación es que la educación básica no puede operar bajo un modelo castrense. La SEP recordó que el marco educativo debe responder a un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.

La instrucción pide a las autoridades locales revisar los permisos y actuar ante irregularidades. Son los gobiernos estatales y la Ciudad de México quienes intervienen en la autorización y supervisión de los planteles de educación básica.

La SEP señaló que la formación militar está destinada a las instituciones de las Fuerzas Armadas. Por ello, una escuela civil no puede ofrecerla ni presentarla como una modalidad educativa reconocida.

El tema vuelve a la discusión pública tras cuestionamientos a academias que promueven disciplina de tipo militar para niñas, niños y adolescentes. La revisión busca establecer si los servicios ofrecidos corresponden a las autorizaciones con las que operan.

Para madres, padres y tutores, el llamado también subraya la importancia de verificar la incorporación y los permisos de cualquier plantel antes de inscribir a sus hijas e hijos. La información debe solicitarse directamente a la autoridad educativa local.

La Nueva Escuela Mexicana plantea una formación integral con componentes humanísticos, científicos, artísticos, lúdicos y críticos. La SEP sostuvo que ese enfoque es incompatible con prácticas que sustituyan el cuidado de las infancias por una disciplina castrense.

La revisión nacional abre una discusión sobre la supervisión escolar y la protección de menores. El siguiente paso será conocer los resultados de las verificaciones estatales y las medidas que se adopten en los casos donde se detecten anomalías.